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- 25/03/2023 •
Real Club Náutico de Palma, un patrimonio la ciudad
La ocupación temporal que ahora nos habilita para seguir desarrollando nuestra labor deportiva y social supone un balón de oxígeno, pero no satisface en absoluto nuestros objetivos.
EMERICO FUSTER*
La asamblea extraordinaria de socios del pasado 29 de diciembre aprobó aceptar por una amplísima mayoría las condiciones impuestas por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para prorrogar por un máximo de tres años la ocupación de nuestras actuales instalaciones. Digo bien cuando utilizo la palabra “impuestas” porque, por desgracia, no se nos dejó otra opción que no significara declararnos en rebeldía ante la negativa a contestar nuestra solicitud de una ampliación de plazo de la concesión.
La ocupación temporal que ahora nos habilita para seguir desarrollando nuestra labor deportiva y social supone un balón de oxígeno, pero no satisface en absoluto nuestros objetivos. El Real Club Náutico de Palma no puede ni merece ni quiere vivir del aire prestado. No reclama ninguna prebenda, sino el ejercicio de un derecho que le asiste según las leyes vigentes y que está siendo conculcado por la estrechez de miras de las autoridades responsables de velar por el interés público.
En las últimas fechas hemos sabido, gracias a los medios de comunicación, que otros operadores portuarios de Palma han obtenido hasta dos ampliaciones de concesión (doblando con ello su superficie de explotación y viendo incrementado su plazo en un 60%) gracias a la aplicación del mismo precepto legal al que apela el Real Club Náutico de Palma. No tenemos nada que objetar a esas ampliaciones (lo contrario significaría tirar piedras sobre nuestro propio tejado), pero no podemos dejar de preguntarnos por el doble rasero con el que determinados técnicos de la APB tramitan los expedientes, dependiendo de si el solicitante es un varadero de reparación de yates o un club náutico.
Tampoco podemos soslayar el hecho de que el criterio de los servicios jurídicos de Puertos del Estado es poco menos que un dogma para la APB... salvo cuando es favorable al RCNP. En este último caso no se considera suficiente (lo hemos visto ya dos veces) y se hace necesario recabar cuantos dictámenes sean precisos hasta dar con aquel que resulte perjudicial para los intereses del club, aunque su fundamentación jurídica tenga la misma profundidad que un charco.
La naturaleza de nuestro título concesional se ha elevado a la categoría de “cuestión capital” cuando, no nos engañemos, no es más que un simple pretexto para dificultar o impedir nuestra renovación. Nunca debió importar si el documento que nos habilitaba para gestionar el club hasta el 31 de diciembre era un contrato de servicios o una concesión. La razón es muy simple: la APB está vinculada por el tratamiento que nos ha dispensado durante los últimos 20 años y por su negligencia (plasmada en el dictamen del Consejo de Estado) de no haber transformado nuestro contrato de servicios en una concesión demanial cuando aquéllos desaparecieron del ordenamiento jurídico. Hemos sido y somos una concesión porque nuestro ‘casero’ así nos lo ha dado a entender a lo largo de dos décadas. Todo lo demás son fanfarrias y cortinas de humo para ocultar otros intereses.
El Real Club Náutico de Palma, en el supuesto de que se agote la vía administrativa, defenderá su posición ante los tribunales y, por supuesto, reclamará las compensaciones que le correspondan en Derecho. Los actos presentes de la Autoridad Portuaria pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas en el futuro.
Sabemos que la duración de cualquier travesía judicial es incierta, igual que su resultado. Eso nos obliga a prepararnos para el indeseado escenario de un concurso público que nos permita conservar las instalaciones que ocupamos desde 1948 hasta la definitiva resolución del conflicto.
Lo lógico sería que la APB aguardase al pronunciamiento de los tribunales, pero por desgracia la lógica y el sentido común son dos conceptos en los que, a estas alturas, ya no cabe depositar la menor confianza. De ahí que debamos estar prevenidos para luchar por el RCNP y su continuidad en los frentes que sean necesarios. Llegado el caso de que la instalación salga a concurso, cabe exigir a los poderes públicos (no sólo a la APB, sino también al Govern, al Ayuntamiento y al Consell) que ponderen el indudable interés de la labor que realizamos.
Si las reglas de esa eventual licitación se ajustan a un uso portuario en el que prevalezcan el deporte y los dividendos sociales por encima de los puramente mercantiles, estamos en perfectas condiciones de ofrecer el mejor proyecto. Nos avalan 75 años de experiencia y de éxito.
*Presidente del Real Club Náutico de Palma
